DECLARACIÓN DEL SENADOR JORGE ELIÉCER GUEVARA SOBRE EL MODELO DE COLEGIOS EN CONCESIÓN
+Las+Noticias+del+Caquet%C3%A1,+Colombia+y+el+mundo+en+un+solo+sitio+web.jpg)
De la resolución de este asunto se ocupan
ahora la Secretaría de Educación y el Concejo Distrital. Sin
embargo, por su importancia y trascendencia social es legítimo que se
escuche la opinión ciudadana, sobre todo de la comunidad educativa, y
de quienes en el Congreso de la República sustentamos con especial
énfasis los principios pertinentes a la educación pública y el
papel del Estado en su desarrollo como derecho fundamental.
Actualmente, 25 son los colegios en concesión*, *entregados a 9
concesionarios, que atienden 39.648 niños, niñas y jóvenes de la
siguiente manera: 2.953 en preescolar, 16.433 en primaria, 14.737 en
secundaria, 5.525 en educación media. El número de alumnos, con que
inicio el programa de concesión en 1.999 fue de 7.007 con 450 alumnos
en promedio por colegio en una sola jornada.
El valor de las construcciones de colegios en concesión, osciló
entre los $2.347.846,407 y $4.905.713.042. El valor de las dotaciones
se encuentra actualmente entre $614.918.078 y $930.651.895. El valor
promedio por niño con que inicio la concesión es de $928.300 y
actualmente se paga por niño $1.916.411. En 1999, Bogotá pago
$6.570.463.900 por el programa y al 2013 se pagará $75.423.445,000.
No se ignora que, desde sus inicios, el modelo de concesión fue
concebido en función del propósito de superar el sistema de
selección de personal docente y administrativo, la inflexibilidad del
régimen laboral de los docentes públicos y la politización y
sindicalización de los mismos, argumento falaz inspirado en las
políticas neoliberales, según las cuales el sector público debe
ceder espacios de gestión al sector privado que, supuestamente, es
más transparente, eficiente y de mejor calidad. En otras palabras,
impulsar un proceso privatizador a prueba de derechos laborales y
prestacionales y que, conforme se concretó en el sector de la salud,
convertir la educación en un lucrativo negocio.
Muy pertinente resulta ahora la preocupación expresada por el
escritor William Ospina: “¿Cómo superar una época en que la
educación corre el riesgo de ser sólo un negocio, donde la
excelencia de la educación está concebida para perpetuar la
desigualdad, donde la formación tiene un fin puramente laboral y
además no lo cumple, donde los que estudian no necesariamente
terminan siendo los más capaces de sobrevivir? ¿Cómo convertir la
educación en un camino hacia la plenitud de los individuos y de las
comunidades?” (Buenos Aires, 2010, conferencia: “Preguntas para
una nueva educación”).
Similar visión inspiró al destacado maestro Abel Rodríguez
Céspedes, cuando tuvo la oportunidad de liderar desde la Secretaría
de Educación la revolución educativa en Bogotá. Para entonces dijo:
“Entendimos que detrás del déficit de cupos escolares, de la
inasistencia, de la deserción, de la reprobación y repitencia, de
los bajos resultados en las pruebas de evaluación, estaban factores
como la insuficiencia de instalaciones educativas y el marcado
deterioro de las existentes, la pobreza, la falta de relevancia y
pertinencia de los programas de estudio, la baja calidad de la
formación de los maestros y sus precarias condiciones de vida y de
trabajo y, en general, las malas condiciones materiales y pedagógicas
de la enseñanza y el aprendizaje. Constatamos que detrás de los
problemas señalados se escondía la escasez de los recursos
invertidos en la educación y la falta de compromiso y voluntad
política de los gobernantes para resolverlos. En fin, llegamos a la
convicción plena que lo primero que había que lograr para conseguir
avances en la educación era convertirla en prioridad del gobierno y
de la política pública. (…)”
En efecto, consecuente con sus convicciones, como Secretario de
Educación de Bogotá, impulsó una revolución educativa sin
precedentes: construcción de magníficos colegios, renovación
ampliación de los existentes, dotación de bibliotecas y equipos de
laboratorio e informática, mejoramiento de la calidad de la
educación, ampliación de la cobertura, gratuidad del servicio
educativo, mejora y ampliación de los restaurantes escolares, y
otorgamiento de auxilios para reducir la deserción estudiantil, que
se complementó con campañas contra el trabajo infantil y juvenil,
etc., todo lo cual se asumió como política pública que aún
persiste, con el protagonismo del sector público, es decir de la
Administración Distrital, de donde debemos concluir que no existen
razones de peso para cambiar. Por el contrario, nuestra preocupación
debe ser la profundización y extensión de esta política pública,
que reconoce la educación como derecho inalienable, inherente y
esencial de la persona y de la finalidad social del Estado que debe
garantizar su disponibilidad, el acceso y permanencia y su calidad y
pertinencia.
Con fundamento en lo anterior, coincido con el Concejal de Bogotá
Borys Montesdeoca Anaya de la Bancada Progresista, quien propone que
los 25 colegios en concesión al culminar sus actuales contratos,
vuelvan a ser operados por la Secretaría de Educación Distrital en
el marco de la implementación progresiva, de la Jornada Única, de 8
horas diarias, que permitirá fortalecer y afianzar lo público en la
ciudad como un hecho real de materialización del Estado Social de
Derecho, consagrado en el tercer eje del Plan de Desarrollo de la
Bogotá Humana.
Además, hay que resaltar que los docentes contratados en la modalidad
educativa de concesión están bajo condiciones laborales indignas,
que expresan el desconocimiento general que aún existe sobre el papel
que juegan los educadores y la inversión pública que requiere la
promoción y estímulo de su formación, investigación e innovación
pedagógica, el cual entre otros factores, posibilita los procesos
formativos de calidad y excelencia académica en los diferentes
niveles de preescolar, básica y media.
De mi parte, desde el Congreso de la República, continuaré
trabajando en defensa de la educación pública, la ampliación de la
cobertura y el mejoramiento de su calidad, así como en procura de
mejores condiciones laborales de los educadores y por la
dignificación del ejercicio profesional de la docencia.
